After Babel

Hoy airea con regocijo el PP entre trajes, correas y costas, fabrizzios y demás los cuatro casos de corrupción municipal que salpican al PSOE. Y los airea con la alegría infantil de quien espera que el ruido que se pueda generar hará aún más difícil recordar a la ciudadanía, no ya las decenas de casos que salieron en Ayuntamientos del PP la pasada legislatura, sino la docena de casos que tienen pendientes en este mismo momento -y no en el ámbito municipal, sino en las máximas cotas de responsabilidad pública-. O lo que es tal vez peor, quizás esperen -en un ejercicio de cinismo- que el ciudadano medio piense que todos los políticos son iguales.

La política Municipal Española está plagada de estos problemas, entre otras cosas porque carece de los adecuados instrumentos de control. Una reforma de la legislación vigente que favorezca sistemas de control municipales más eficaces es, más que necesaria, urgente. Lo que es más, una reforma de la ley de financiación de partidos es una vacuna que haría mucho bien a la democracia y, de paso, haría imposibles chanchulleos varios como los actuales del tesorero general del PP, imputado en el caso Gürtel.

Lamentablemente, tendremos que esperar para esta reforma, y es mi parecer que haría bien el PSOE si tomara el toro por los cuernos con valentía antes de las próximas elecciones y dejara sentado un nuevo sistema de financiación de partidos mucho más transparente, con mecanismos que puedan proteger más eficazmente los intentos de financiación ilegal y por ende los derechos y las libertades de los ciudadanos. Dudo seriamente que el PP acometa esta reforma en ningún caso; al menos no antes de la segunda encarnación del Mesías (aunque en esto también hay división interna como se verá más adelante en el comentario votivo de una votante popular).

Observemos la diferencia entre los diferentes casos, y entre los diferentes partidos. Una vez descubierto el corrupto (porque desafortunadamente caraduras hay en todos lados) hay que observar cómo reacciona no sólo el individuo -que puede ser un corrupto execrable sin ética ni vergüenza ninguna-, sino el partido –que es el que debe asegurar que pese a la ausencia o no de ética de su afiliado, se tomen las medidas necesarias para proteger a las instituciones y a los ciudadanos-.

Que yo sepa, no sólo alcaldes y/o concejales -como los de Lorca- han sido apartados de sus funciones y cargos por el PSOE para defender a las instituciones, sino muchos ministros socialistas (ahí está el ejemplo de Bermejo recientemente) han dimitido antes de que se les imputara, o en su caso antes de que si tan siquiera existiera ‘caso judicial’ alguno. Bermejo dimitió por que se sospechaba que podría haber hablado con el juez Garzón durante una cacería (!). A quien no quiera ver el comportamiento del partido en los casos presentes y prefiera acordarse de los casos históricos de corrupción socialista tan sólo tenemos que recordarle las prontas dimisiones de los cargos públicos de PSOE de la última época de Felipe González (Guerra, Corcuera, Solchaga) y preguntarse si les tuvieron que condenar primero para que soltaran el cargo. En cuanto hubo duda razonable sobre ellos lo abandonaron o el partido forzó sus dimisiones (más tarde, y esto es algo que nunca se menciona demasiado, la justicia los declaró inocentes a los tres).

En el caso del PP ya se ve: la consigna es aguantar el chaparrón a toda costa (valga la redundancia). Sin vergüenza alguna exigen la dimisión de Bermejo por una cacería compartida con otras treinta personas, o de la ministra de defensa por la gripe de unos militares, pero no se aplican el mismo criterio cuando tienen a tesoreros generales, presidentes autonómicos, diputados autonómicos y estatales implicados de una manera grosera en una investigación judicial dentro de su propio partido. Y digo una investigación y no veinte, lo que todavía es más grave. Por no hablar de la creación de un servicio de inteligencia paraoficial de espionaje entre facciones del Partido Popular financiada con dinero público.

¿Cómo es esto posible? Se pregunta el ciudadano corriente en medio de su pavor: ¿por qué el Partido Popular no fuerza estas dimisiones de acuerdo con el código ético del propio partido? Código tan cacareado por Aznar cuando estaba en la oposición, por otra parte. Es más, ¿por qué los votantes populares no exigen esas dimisiones cuando su partido no lo hace por ellos?

Pues porque los votantes de derechas (y esto es una lección de vital importancia que todavía debe de aprender la izquierda en este país) no votan por razón, sino por fe. Y ya se sabe que la fe no necesita de pruebas para creer.

Ya se vio en el 2004 (tras la guerra de Irak, el Prestige, etc y pese a las mentiras del 11-M para despistar a la ciudadanía) y en las pasadas elecciones (después de una pésima oposición centrada en continuar repartiendo insidias sobre el sumario del 11-M): haga lo que hagan los dirigentes de la derecha, a sus votantes no les importa en absoluto, acuden a votar en bloque. Los números de voto Popular en las tres elecciones (2000, 2004, 2008) son prácticamente los mismos, o se observa un ligero incremento (!). Así se certifica que el votante de PP actúa más que con una convicción crítica, con la ceguera y el celo propio de una secta religiosa (recientemente una señora le gritaba a su líder cósmico en Valencia ‘Bendito seas, José María’, cual si invocación añadida a la lista habitual de la Adoración del Santísimo Sacramento o encarnación de persona divina fuese).

Lo que el votante de izquierdas ha de asumir es que los dirigentes del PP saben que sus votantes nunca harán lo que hicieron los votantes del PSOE en 1996, que fue quedarse en casa o votar otras opciones y así castigar la corrupción y descomposición de su partido.

El resultado es que España lentamente se Berlusconiza, porque manteniendo y apoyando a imputados en sus cargos se admite de manera tácita en frente de la ciudadanía que el chanchullismo está a la orden del día –y que si sale bien no sólo no es reprobable, sino glamoroso y envidiable, un modelo de conducta y de éxito-. Desafortunadamente, esta actitud cala día a día en todos los niveles de la sociedad como un veneno de infiltración lenta, pero letal para la democracia.

No es una cuestión partidista de si tu más o menos, o hace cinco años, o veinte. Es una cuestión de respeto a las instituciones que nos dan la calidad de vida que disfrutamos, aquí y ahora.

Si las erosionamos, erosionamos nuestras garantías constitucionales y a nuestro país mucho más que con una pitada en la final de la Copa del Rey.

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