After Babel

Con este título tan del enciclopedismo de otros tiempos no pretendo hablar de ninguna Cruzada necesaria para salvar a ningún país, sino del presente de la sociedad española, y de su responsabilidad en el futuro que elija.

Tal vez algunos quieren hacernos creer que la corrupción en España –o el fenómeno conocido en sus acepciones más comunes y no necesariamente políticas como chanchullismo, amiguismo, enchufismo, o en otros tiempos picaresca- es un mal endémico, casi genético y, lo que es más, que todo el que puede se aprovecha de dichas prácticas injustas y/o ilegales de una manera casi cotidiana; o lo que es peor, que no nos podemos desembarazar de ello.

Yo me permito discrepar de esta opinión porque conozco personas que luchan todos los días modestamente contra estas prácticas con su ejemplo y con su trabajo duro, lo que les honra profundamente y les convierte en ciudadanos ejemplares que junto a muchos otros convierten a España en el país eficaz, innovador y plural que es hoy en día.

Bien es cierto que en España hubo históricamente ejemplos durante la Segunda República de reformar profundamente al país y ofrecerle una cultura democrática profunda diferente de los regímenes que la precedieron, una cultura basada en otros valores como justicia, igualdad, y el estado de derecho y que tienen uno de sus máximos exponentes en la Institución Libre de Enseñanza. Todos sabemos cómo acabó el experimento modernizador, quién y cómo lo terminó, cuánto duro el modelo de Estado que lo siguió, y en qué valores se basaba.

Son precisamente los regímenes autocráticos que precedieron a la República y el régimen que la siguió -y su instauración a punta de cañón- los que ofrecieron continuismo y validez a prácticas corruptas: si el sistema me desprotege y me niega garantías, habré de buscar un padrino que me las proporcione. Habiendo sido este modus operandi el habitual en España durante la mayor parte del S.XX (y parte del s.XIX), no debería sorprendernos que dichas prácticas estén tan arraigadas en algunos miembros de la clase política, como fiel reflejo de la sociedad civil que representan.

Pues bien, 30 años después de la Transición, España se enfrenta a una Encrucijada decisiva para su historia. Debe elegir entre el camino del esfuerzo colectivo y la exigencia de justicia y transparencia en la gestión –tanto la pública gestionada por los políticos como en la civil gestionada privadamente- , o la vuelta al sistema de tráfico de influencias y nepotismos que, entre otros factores, convirtió a España en el país más atrasado de Europa durante todo el s.XIX y buena parte del s.XX. La frase todos son iguales es una excusa para no asumir el esfuerzo de evitar que todos acabemos siendo iguales. Y todos sabemos lo que eso representa para los derechos individuales.

Esta Encrucijada no se gestiona en ningún parlamento o ayuntamiento, y desde luego tampoco puede delegarse con comodidad postmoderna en ningún partido político. Es una cuestión cívica y social: de dignidad personal y de compromiso ético diario, de transmitir unos valores a los que nos rodean día a día con nuestra voz y con nuestro ejemplo, de renunciar a entrar en juegos de dudosa moralidad. Y también de exigir a aquellos que tienen el mandato de gestionar la vida pública el mayor respeto a sus cargos y a las instituciones que representan.

Porque las instituciones que nacieron con la democracia no nacieron para darles la oportunidad a los políticos de beneficiar a los suyos de manera injusta ni para protegerse de la acción de la justicia, sino todo lo contrario, para luchar contra todas esas prácticas de tradición centenaria en España y transformar al país en un país más justo y más avanzado, para sacarlo del pozo del atraso donde los que negaban el estado de derecho mientras se llenaban la boca de España lo habían mantenido durante siglos.

Al niño que se intenta colar en la cola del kiosco hay que educarle, pero al político que se aprovecha de su cargo tenemos el deber de exigirle responsabilidades, independientemente de la filiación política del político, y de la filiación política del ciudadano que se las exige. Una vez la duda llega a ser sospecha y la sospecha a empañar la institución que representa, se ha de exigir el abandono del cargo público, y que los subsecuentes esclarecimientos y/o procesos judiciales sean llevados a cabo desde la privacidad, sin manchar el buen nombre de la institución al asociarlo con quien impunemente se aferra a su cargo.

Los que se niegan a dimitir (y en ausencia de iniciativa personal los partidos deben inexcusablemente intervenir para forzar la salida del presuntamente corrupto) no sólo desprestigian el cargo, la institución y a los ciudadanos que representan, sino que la propia duda sobre su actuación convierte su cargo público en un ejemplo social de mala práctica. En una pésima muestra -amplificada por su responsabilidad, por su cargo y por la cobertura mediática de estos casos- de la tan manida idea de que no pasa nada, que todo el mundo lo hace, que no hay otra manera de hacer las cosas que bajo mano. Lo que convierte a estos casos (independientemente de su responsabilidad judicial final) en una normalización mitificada de lo irregular, lo que es lo mismo que dar la apariencia de impunidad.

Queremos políticos que sean ejemplo de otros valores más positivos para la sociedad: ejemplos de lo justo y lo ético, de la buena gestión y de un ejercicio respetuoso de su responsabilidad pública. Y si existiese duda razonable de su honorabilidad o fallo en su responsabilidad, que cesen inmediatamente sus funciones.

El reino de la impunidad, especialmente en lo público, es un cáncer para la democracia porque convierte a los políticos en ejemplos de mafiosos con éxito, de listos que se lo han sabido montar, de espabilados que usan las grietas de las leyes para poder realizar prácticas moralmente reprobables e indignas sin consecuencias políticas ni judiciales…

La encrucijada está ahí y la pregunta es simple: ¿Qué modelo de país queremos?

Podemos elegir dirigirnos hacia una sociedad mejor y más justa como Alemania o los países nórdicos, o hacia la Italia de vodevil de Silvio Berlusconi.

Y la responsabilidad es de todos, todos los días. Sin excusas.

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